“Somos un gobierno que pone el amor por encima de todo.” Claudia Sheinbaum
Uno de los lemas del oficialismo es “amor con amor se paga”. Sin embargo, esa expresión del “humanismo mexicano” sólo la aplica el gobierno a algunos sectores de la población de tal suerte que, al discriminar a otros, debilita el tejido social y socava la unidad nacional.
Recordemos que el tejido social es el conjunto de relaciones entre las personas, las familias, las comunidades y las instituciones. Es un concepto basado en la solidaridad y en la confianza entre sus integrantes quienes han de tener un sentido de pertenencia y de valores compartidos. Se fortalece mediante acuerdos que mejoran sus condiciones de vida y con una política gubernamental incluyente.
Este año el gobierno destinará 835 mil millones de pesos en apoyo a jóvenes que no estudian ni trabajan. Entregará a cada uno 8,480 pesos mensuales con cargo al erario, ello como parte del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”, pero a los trabajadores formales que tienen sus ahorros en Infonavit, resultado de muchos años de trabajo, como regalo del “Día de la Amistad” les dio la fatal noticia de que el gobierno determinó disponer de sus ahorros que ascienden a 2.4 billones de pesos. Dinero que no es del erario, es propiedad privada.
La reforma a la ley del Infonavit, impulsada por la presidenta, fue aprobada por los legisladores oficialistas aprovechando el mayoriteo que ejercen sin que la ciudadanía les otorgara en las urnas las mayorías calificadas que usurparon a la mala con la complacencia de las “autoridades” electorales.
Ello, a pesar de la defensa de empresarios y trabajadores al Infonavit en instancias internacionales y en las calles que el oficialismo prefirió ignorar. Por su parte, el diputado morenista y líder de la CATEM apoyó la reforma, sin importar el daño patrimonial que causará a sus agremiados.
Resulta incongruente que líderes de diversas centrales de trabajadores y de sindicatos, hayan hecho un llamado a la unidad en torno a quien ordenó se disponga de los ahorros de sus agremiados, quizás debieran consultar a sus bases.
Con las reformas a la ley del Infonavit se ha distorsionado la estructura y el objeto de ese Instituto al incluir al director general en la integración de la Asamblea General con voz y voto, y en el Consejo de Administración, cuando a su función debe corresponder únicamente a la importante gestión diaria y a la ejecución de las estrategias acordadas por el Consejo. Su participación en los órganos de gobierno debe ser para informar del cumplimiento de esos acuerdos, sólo debe tener voz, pero no voto. La aberrante idea de que el director del Infonavit tenga la facultad de vetar los acuerdos de su Consejo de Administración y del Comité de Vigilancia es un despropósito que evidentemente se ha aprobado para ejecutar el asalto al ahorro de los trabajadores.
El tratamiento que se le dará al Instituto corresponde al de una paraestatal -sin serlo-, como si fuera parte del gobierno. Se ha hecho caso omiso a la naturaleza del Infonavit, que es una hipotecaria social, circunstancia por la que su estructura ha correspondido a los modelos de una institución financiera en la que el máximo órgano de gobierno, responsable de la estrategia general y de la supervisión de la gestión, debe ser el Consejo de Administración, no el director general.
La reforma a la ley del Infonavit está principalmente dirigida a crear las condiciones que faciliten al gobierno la disposición de los 2.4 billones de pesos propiedad de los trabajadores afiliados al Instituto y evidencia mala fe e ignorancia. Los únicos dueños de los recursos del Infonavit son los trabajadores, NO recibe recurso alguno del gobierno, no es parte de la administración pública, por eso la Auditoría Superior de la Federación ha carecido de competencia para auditarlo.
Como si no existieran empresas especializadas en la construcción de vivienda de interés social en nuestro país, y como muestra de la animadversión del oficialismo a la inversión privada, el nuevo marco normativo prevé la creación de una empresa constructora de vivienda que operará sin experiencia alguna y que, al utilizar los dineros que se administran en Infonavit para financiar sus proyectos, expondrá los ahorros de los trabajadores en vez de que, como se diseñó a lo largo de la vida de la institución, se apliquen exclusivamente al otorgamiento de nuevos créditos para que cada trabajador adquiera la vivienda que, en el ejercicio de su libertad, le convenga, no la que le impongan.
Ahora inducirán a los trabajadores a rentar o a adquirir viviendas que sin garantía de diseño, calidad ni ubicación escoja el exdirector de PEMEX quien demostró su incompetencia y opacidad al frente de Petróleos Mexicanos al dejarlo en quiebra y con la mayor deuda histórica.
Uno de los pretextos para distorsionar al Infonavit ha sido la cobranza de los créditos. Es importante señalar que, ante el gran universo de derechohabientes con créditos, como en toda institución financiera, es normal que se presenten casos de falta de pago, para los que la figura del litigio fue por muchos años la única vía utilizada para la recuperación de cartera vencida. Sin embargo, a partir de 2009 se impulsó a la mediación, vía amable y democrática, para la solución de los problemas que surgían ante la realidad de que un trabajador perdiera su empleo y pusiera en riesgo su patrimonio. El Instituto aprovechó esa vía de acceso a la justicia que facilitó el poder conservar el patrimonio de las familias. Sólo de 2013 a 2018 se suscribieron 150 mil convenios de mediación que evitaron ir a juicio y que pusieron de acuerdo a los derechohabientes que incurrieron en cartera vencida con el Infonavit para salvaguardar el patrimonio de sus familias y el futuro del Infonavit, pues no debe olvidarse que el pago de créditos permite el otorgamiento de nuevos financiamientos a otros trabajadores derechohabientes.
Legisladores oficialistas y la mandataria insisten en que el ahorro de los trabajadores no se tocará, lo cual es falso, ya que la aventura de la constructora que seguramente se manejará en total opacidad y que significará mermas al rendimiento de los ahorros de los trabajadores se financiará con recursos de ese ahorro.
Fuente: Pascual Hernández Mergoldd. «El Economista»