En una sesión marcada por el debate sobre la seguridad de los ahorros para el retiro, el Senado de la República aprobó este martes la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Esta reforma establece un modelo de inversión mixta entre el gobierno y el sector privado, permitiendo que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) jueguen un papel central en el financiamiento de obras nacionales.
El centro del debate: ¿Inversión productiva o riesgo pensionario?
La controversia principal radica en la movilización de los fondos gestionados por las Afores, que actualmente ascienden a 8.6 billones de pesos (equivalentes al 24% del PIB).
Durante la presentación del dictamen, el senador Francisco Chíguil Figueroa (Morena) argumentó que la reforma busca «movilizar el ahorro nacional hacia la inversión productiva». El legislador detalló el potencial de esta medida:
- Situación actual: Solo entre el 8% y 9% de los fondos se invierte en infraestructura.
- Meta de la reforma: Se busca elevar esta participación al 20% o 25%.
- Impacto económico: Esto representaría entre 1.2 y 1.5 billones de pesos destinados a proyectos estratégicos.
Clarificación sobre el límite del 30%
Aunque la oposición ha señalado un intento de «meter mano» a los recursos, es importante precisar que el límite máximo de inversión del 30% en infraestructura ya estaba contemplado en la regulación desde octubre de 2024. La nueva ley no crea este tope, sino que busca generar las condiciones de «seguridad jurídica» para que las administradoras finalmente alcancen dicho porcentaje.
Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), señaló que la decisión final de inversión recae en cada administradora, cuyo objetivo primordial debe ser garantizar los mejores rendimientos para los 70 millones de trabajadores.
Riesgos y alertas de especialistas
A pesar de las promesas de desarrollo, analistas financieros y exfuncionarios han expresado preocupaciones sobre la viabilidad de los proyectos:
- Rentabilidad en duda: Expertos como Mario Di Costanzo advierten que el riesgo principal es que se «obligue» indirectamente a las Afores a financiar obras con baja rentabilidad, como el Tren Maya o el AIFA.
- Impacto en la pensión: Si estos proyectos no generan utilidades, los rendimientos de las cuentas individuales podrían estancarse, afectando directamente el monto final de las jubilaciones.
- Criterio técnico vs. político: Carlos López Jones, consultor financiero, enfatizó que la directriz de inversión debe ser estrictamente la rentabilidad del instrumento (como ocurre con Fibra CFE) y no la necesidad de financiamiento del gobierno en turno.
Con la aprobación en la Cámara Alta, la ley sienta las bases para un nuevo esquema de financiamiento público-privado, mientras los trabajadores y organismos de vigilancia permanecen atentos al destino final de los recursos pensionarios.