Los recursos propuestos en la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para crear el fideicomiso Fondo de Pensiones para el Bienestar solo se recibirán en una ocasión, por lo que difícilmente podrán mantener el ritmo de expansión del gasto en pensiones, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
El centro de investigación advirtió que un inconveniente del fondo propuesto para garantizar pensiones al 100% trabajadores es que los ingresos para alimentarlo serían no recurrentes, es decir, generados una única vez por el Estado, por ejemplo, el dinero proveniente de la eliminación de órganos autónomos o la extinción de fideicomisos del Poder Judicial.
“Esto representa una limitante, ya que, de no recibir recursos constantes y estables, el fondo sería incapaz de cubrir los nuevos compromisos a largo plazo que adquirirá el Estado en materia de pensiones”, sostuvo.
El IMCO indicó que el Ejecutivo federal no estima los costos fiscales asociados a esta iniciativa, ni a la que propone reducir de 68 a 65 años la edad a partir de la cual la población tiene derecho a exigir al Estado una pensión no contributiva.
Expuso que según proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), se espera que en los próximos 26 años la población de personas de 65 años y más se duplique al pasar de 11.2 millones en 2024 a 26.8 millones en 2050.
El costo para el erario de otorgar una pensión no contributiva a todas las personas mayores de 65 años en 2050 será de 2.08 billones de pesos, monto 138.5% mayor en términos reales al costo estimado para 2025 de 417.4 mil millones de pesos, de acuerdo con un estimaciones del IMCO.
Prevé inequidad intergeneracional
El IMCO sostuvo que si el Estado financia un gasto creciente en pensiones con los recursos que pagan los contribuyentes habrá consecuencias diferenciadas para distintos grupos de edad de la población.
Al mencionar proyecciones de Conapo, el centro de análisis refirió que en 2050 la razón de dependencia por vejez en México será de 25.7%, es decir, que por cada 100 personas en edad laboral (15 a 64 años) en ese año, habrá 25.7 personas de 65 años o más, el doble de la cifra actual (12.8 personas).
Frente a esa dinámica poblacional, un alza en el gasto en pensiones tendría implicaciones de inequidad intergeneracional al favorecer de manera desproporcionada a las personas adultas mayores, a expensas de otros grupos de edad que verían reducido el gasto del Estado destinado a áreas como educación, salud y seguridad.
Por otro lado, añadió el IMCO, un aumento de impuestos para financiar dicho incremento en el gasto afectaría a un número cada vez menor de personas en edad laboral.
Más presiones fiscales por pensiones
Si se aprueban las iniciativas en los términos en los que se presentan, el pasivo contingente ligado al pago de pensiones que asumiría el Estado se presentaría en un momento en el que éstas ya constituyen una parte significativa y creciente del gasto del sector público, recordó el IMCO.
Ilustró que solo en 2024 se asignaron en el Presupuesto de Egresos 1.96 billones de pesos para el pago de pensiones, de los cuales 1.50 corresponden a pensiones contributivas y 465,000 millones de pesos al Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Ese monto por casi 2 billones de pesos, que equivale a una quinta parte del gasto neto total aprobado o 5.7% del PIB estimado para este ejercicio fiscal, es 141.2% mayor en términos reales al observado en 2013, contrastó.
Por ello, un aumento significativo en el gasto en este rubro por parte del gobierno tendría consecuencias negativas al reducir todavía más el limitado espacio fiscal disponible para financiar políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad e inversión pública, entre otras.
“Esto podría incidir de manera adversa en la competitividad y el crecimiento económico de México, afectando el bienestar de distintos sectores de la población”, expresó.
El IMCO consideró fundamental implementar una estrategia fiscal que genere ingresos regulares que permitan financiar un mayor gasto en pensiones sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo.
Fuente: Forbes