La propuesta de reforma constitucional, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que el salario mínimo se incremente cada año de acuerdo con la inflación es un arma de doble filo porque, por una parte, puede ayudar a los trabajadores a cuidar su poder adquisitivo, pero a su vez puede ser un incentivo para la informalidad, refieren especialistas en economía y finanzas públicas.
“De entrada es una causa noble, pero sí puede tener sus problemas porque una modificación en la estructura de costos para las empresas no es la misma en todas las partes del ciclo económico. En un contexto de crecimiento dinámico y poca inflación, puede ayudar como política social a reducir la pobreza, pero si no estás en ese buen momento (bajo crecimiento y alta inflación) puedes tener presiones inflacionarias, incentivos a la informalidad o incluso una falta de generación de empleos de calidad”, comentó Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
“Yo creo que los ajustes por inflación es lo mínimo que tendríamos que hacer para el salario mínimo, con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las personas, porque si no nos va a pasar como estábamos hace algunos años atrás, con un salario que ya casi no nos alcanzó para nada, y que al final ya ni siquiera nos servía de referencia”, consideró Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
No obstante, hay que tener cuidado con aumentos que sean mucho mayores a la inflación, porque pueden generar implicaciones a nivel macroeconómico, por ello también es importante que se llegue a la meta de inflación de Banxico de 3%, detalló la directiva del CIEP.
De acuerdo con el IMCO, los beneficiarios directos representan apenas 1.5 de cada 10 trabajadores en el país. Es decir, el 15% (19.9 millones de personas) de todos los mexicanos que están ocupados (129 millones), refieren cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En tanto, el impacto sobre el resto de la población ocupada es indirecto o puede ser incluso nulo, particularmente en un mercado laboral en el que 55.1% de los trabajadores tienen un empleo informal que no les garantiza el cumplimiento de sus derechos laborales, refiere el Instituto.
El especialista del CIEP estacó que en caso de ser aprobada, esta reforma requerirá de una implementación balanceada, en la que los incrementos al salario mínimo tomen en cuenta, además de la inflación, factores como el crecimiento económico, la productividad, la evolución del salario medio y los costos de operación de los empleadores.
Mayores gastos para gobiernos
El Ejecutivo también propone que el salario mínimo para maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Sobre esta propuesta, la especialista del CIEP refirió que se deben revisar y verificar bien los números, pues en una revisión se detectó justo que el salario promedio del IMSS es de 16,152 pesos, pero en el ISSSTE, donde están registrados los trabajadores a quienes se les prevé aplicar esta reforma, el promedio es de 25,000 pesos. Además de que tienen mejores prestaciones que quienes están registrados en el IMSS.
“Lo que ahí es problemático son las consecuencias fiscales, porque estos salarios los pagan los gobiernos, ¿entonces qué va a pasar en un municipio en el que la policía municipal es muy pequeña o tiene muy pocos recursos?, probablemente ahí, los salarios promedio del IMSS, pues quizás son muy elevados para lo que pueden pagar”, comentó Carrillo.
Consideró que para estados y municipios sería difícil, mientras que el gobierno federal tendría que apretar más el presupuesto público, ya que en esta pila de reformas no se incluye una propuesta para mejorar y cambiar los ingresos: “no hay dinero eterno”, dijo.
De acuerdo con la justificación de la propuesta, el ingreso promedio mensual de las personas trabajadoras afiliadas al IMSS se situó en 16,152 pesos mensuales durante 2023. No obstante, el salario de las ocupaciones de la salud, educación y seguridad consideradas es inferior, apunta la iniciativa del presidente que busca mejorar los salarios para los trabajadores al servicio del Estado.
Señala que las maestras y maestros perciben aproximadamente 12,500 pesos al mes; guardias y policías del Servicio de Protección Federal alrededor de 6,800 pesos; guardias nacionales y soldados del Ejército y Fuerza Aérea alrededor de 16,000 pesos al mes; personal de enfermería del IMSS entre 5,752 y 9,645 pesos al mes; personal médico del IMSS entre 9,184 y 12,095 pesos al mes; y personal de enfermería del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) alrededor de 11,000 pesos.
Fuente: Expansión